La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre la inconstitucionalidad de los artículos 196 y 224, fracción II del Código Penal del Estado de Coahuila, extendiendo la invalidez a porciones de los artículos 198 y 199 del mismo ordenamiento.

En suma, la Corte sostuvo –entre otras cosas– que es inconstitucional la tipificación del delito de aborto “autoprocurado o consentido” mismo que establecía una pena de 1 a 3 años a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, expresó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)

En el mismo sentido, extendió la invalidez a la sanción establecida para el personal sanitario que asistiera a un aborto voluntario, así como a la penalización del aborto que se practique dentro de las 12 semanas de gestación en caso de violación o inseminación artificial o implantación indebida, dijo.


“Los Obispos de México, habiendo estudiado el contenido de esta resolución y los argumentos expuestos por varios ministros en las sesiones públicas de discusión sostenidas el 61 y 72 de septiembre, creemos que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial”

Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales – fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas– nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa.


En esta coyuntura de la más alta trascendencia, queremos ofrecer algunas líneas de reflexión que sirvan para orientar la conciencia de todos los fieles y personas de buena voluntad.

“Con este sentir, lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos”.

En el marco de nuestro Estado social y democrático de Derecho, el derecho humano a la vida se encuentra reconocido y garantizado en nuestra Constitución y en los más importantes Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, mismo que no puede restringirse para la persona concebida, aun no nacida, desde su concepción hasta su muerte natural.

En este sentido, más allá de las consecuencias jurídicas del fondo del fallo, la resolución de la Corte realiza un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina “derecho de la mujer a decidir” frente a “la protección constitucional del nasciturus3”.

Sin pretender agotar el contenido del asunto, es delicado que el mismo proyecto aprobado reconoce que no existe referencia constitucional o convencional expresa del llamado “derecho de la mujer a decidir”, pero que “el sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva”.

Por ecoshidalgo

Periodismo de Investigación

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